Si bien el lenguaje y el principio de la “responsabilidad de proteger” han sido frecuentemente resistidos en la región en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano requiere una revisión de sus alcances de su aplicabilidad a situaciones como las que vive Venezuela en la actualidad. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional son sólo el primer paso de una sucesión de acciones de la comunidad internacional y, en particular, regional que, sin recurrir al uso de la fuerza y a la intervención, debe asumir su responsabilidad ante los crímenes y abusos contra la población civil que perpetra el actual gobierno venezolano.